Los astilleros de la bahía de Cádiz son un sector que lleva décadas de precarización laboral, despidos, subcontratación e incumplimiento de convenio colectivo. En los últimos meses se ha reactivado el conflicto entre trabajadores de la industria auxiliar naval y Navantia, empresa pública naval española, además de las empresas subcontratadas.
Hay testimonios sobre represalias por parte de las empresas contra trabajadores que han participado en protestas o huelgas, llegando al despido de doce personas, todas sindicalizadas. Se han registrado amenazas y descuentos de salario.
Los derechos de reunión, asociación, sindicalización y negociación colectiva están consagrados en el marco europeo, tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículos 10 y 28) como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (articulo 11).
Asimismo, el Reglamento (UE) 2017/352 sobre la prestación de servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos establece la obligación del organismo gestor del puerto, o de la autoridad competente, de exigir al prestador de servicios portuarios designado que ofrezca al personal unas condiciones laborales conformes con las obligaciones aplicables.
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar el respeto del convenio colectivo, de los derechos laborales y de la libertad de manifestación?