El Tribunal de Cuentas español supervisó por primera vez en 2018 los movimientos financieros de la Iglesia católica en España, que hasta ahora había estado exenta de estos controles.
Se ha contabilizado que la Conferencia Episcopal recibió dicho año 268 millones de euros a través de la asignación tributaria del IRPF. En un informe preliminar, el Tribunal de Cuentas, basándose en los datos de la memoria económica de la Conferencia Episcopal de 2018 y 2019, pone en duda que el destino y control de ese dinero respete los estándares europeos.
Sería el caso, en especial, en lo referido a varias transferencias de cerca de 20 millones de euros para financiar la sociedad TRECE (antiguamente Trece TV), cuyo socio mayoritario es la propia Iglesia.
1 ¿Considera la Comisión que se estaría incumpliendo el artículo 107 del TFUE, que prohíbe ayudas mediante fondos estatales que vulneren la competencia?
2 ¿Tiene previsto la Comisión solicitar más información a España y a su Tribunal de Cuentas e investigar esas ayudas estatales?
3 En la sentencia en el asunto C-74/16 de 2017 el TJUE apuntó que las exenciones fiscales a la Iglesia pueden ser ilegales. ¿Ha establecido la Comisión algún tipo de diálogo con las autoridades españolas al respecto?